Desde el inicio de este 2022, como cada año, se produce una revisión del valor catastral de los inmuebles (que no debe confundirse con el valor de referencia, ya que son conceptos diferentes y no vinculados entre sí). Esta revisión tiene una serie de implicaciones que interesan a todos los propietarios, quieran o no poner su vivienda a la venta.
Antes de 2021 el valor catastral afectaba al cálculo de impuestos como la plusvalía municipal o el Impuesto sobre el Patrimonio, pero en la actualidad solo es necesario aplicarlo para calcular el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Según se detalla en la página web del Catastro, la base liquidable del IBI se calcula aplicando una reducción decreciente durante diez años. La reducción es del 90% del incremento del valor catastral en el primer año de vigencia de la revisión, pasando a un 80% el segundo, a un 70% al tercero y así sucesivamente. Por ello, al llegar a los diez años, se termina alcanzando una base liquidable idéntica al valor catastral revisado.
Asimismo, el ayuntamiento de cada localidad puede establecer un tipo de gravamen mínimo del 0,4% y un máximo del 1,1% para los bienes inmuebles urbanos.
De la misma forma, para calcular la plusvalía municipal el valor catastral se usa solo si se aplica la fórmula objetiva, ya que en la fórmula real no se tiene en cuenta.
El valor catastral tiene como objetivo ofrecernos una valoración objetiva de un bien inmueble a partir de una serie de variables que se detallan a continuación.
Para realizar el cálculo, se tienen en cuenta características medibles y constatables de cada inmueble. Hablamos de factores como los metros cuadrados de la construcción, el tamaño de la parcela o la ciudad en la que se encuentra. Para determinar el valor catastral, según podemos leer en el Portal de la Dirección General del Catastro, se tienen en cuenta los siguientes componentes:
Este valor suele revisarse todos los años y se tiene en cuenta la evolución de la zona y sus precios. De todos modos, cabe recordar que el valor catastral no tiene por qué cambiar en todos los municipios todos los años: la decisión corresponde a cada ayuntamiento.